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seguridad alimentaria

13/02/2025@13:48:26

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado por Córdoba, ha instado a España a actuar de inmediato ante la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio para prevenir los efectos negativos de la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump sobre productos españoles. Durante una rueda de prensa, Santiago advirtió sobre las graves consecuencias que estos aranceles podrían tener en el campo y la industria, especialmente en Andalucía. Subrayó la importancia de proteger los productos agrícolas y transformados, destacando que la política arancelaria estadounidense podría afectar gravemente la seguridad alimentaria y contribuir a la despoblación en regiones como Córdoba. Además, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se unan contra estas agresiones económicas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha entregado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). Este documento es clave para posicionar a España como una potencia agroalimentaria en el contexto europeo y aborda desafíos actuales como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La ENA se centra en seis ejes estratégicos: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta iniciativa es prioritaria para el Gobierno español y busca construir un sistema alimentario sostenible que garantice el abastecimiento a precios asequibles.

El 21 de enero de 2025, el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera se reunió para discutir temas importantes que serán abordados en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas, programado para el 27 de enero. Entre los puntos destacados se encuentra la discusión sobre el tratado comercial con Mercosur y la propuesta de reglamento sobre prácticas comerciales desleales. El ministro Luis Planas enfatizó la necesidad de revisar la Política Agraria Común (PAC) post 2027, asegurando una financiación adecuada para enfrentar desafíos futuros. También se propuso una reforma del reglamento sobre pesca en el Mediterráneo para proporcionar mayor seguridad jurídica a los pescadores. La reunión subrayó la importancia de mejorar la competitividad del sector agrícola y garantizar la seguridad alimentaria en Europa.

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, participó en la presentación del 23º Congreso Madrid Fusión Alimentos de España el 16 de enero de 2025. Durante su intervención, destacó la relevancia de la cadena agroalimentaria y la calidad de los productos españoles para el prestigio internacional de la gastronomía del país. Además, mencionó que la próxima Estrategia Nacional de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fomentará un sistema alimentario sostenible y competitivo, centrado en la diversidad y en la producción de alimentos saludables.

El Ministerio de Sanidad de España ha publicado el primer informe exhaustivo sobre los profesionales de Salud Pública en las Comunidades Autónomas, revelando datos de finales de 2022. El estudio, que responde a la Declaración de Zaragoza, destaca que hay 8.583 profesionales en áreas clave como vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria, con una alta tasa de ocupación del 95,2%. El informe también señala variaciones en la distribución por comunidades y la influencia del territorio en la atención comunitaria. Este documento es esencial para mejorar la gestión de recursos humanos en salud pública y se actualizará periódicamente.

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El 27 de enero de 2025, en Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, presentó la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. Este documento establece la posición de España frente a desafíos alimentarios futuros y busca posicionar al país como una potencia agroalimentaria global. La ENA aborda temas críticos como el cambio climático, la seguridad del abastecimiento alimentario y la sostenibilidad, estructurándose en seis ejes clave: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta estrategia es prioritaria para el Gobierno español en su objetivo de construir un sistema alimentario sostenible en Europa.

El 21 de enero de 2025, el Consejo de Ministros de España presentó la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), un plan estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario sostenible y asequible en el país. La ENA busca posicionar a España como una potencia agroalimentaria mundial, abordando desafíos como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la innovación en el sector. El documento fue elaborado con la participación activa de los actores del sector agroalimentario y se alinea con las prioridades de la nueva legislatura europea. Con esta estrategia, el Gobierno español pretende optimizar políticas públicas y asegurar un sistema alimentario que responda a las necesidades presentes y futuras, fortaleciendo así su papel en el debate europeo sobre agricultura y alimentación.

El 19 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con el sector agrario en España para detallar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Este acuerdo se considera una oportunidad clave para el sector agroalimentario español, permitiendo una mayor competitividad en el mercado latinoamericano al reducir aranceles y burocracia. A pesar de la liberalización de productos sensibles como carne de vacuno y azúcar, las importaciones seguirán cumpliendo con las estrictas normas de seguridad alimentaria de la UE. El Gobierno destaca que este acuerdo no solo fortalece las relaciones comerciales, sino que también promueve la sostenibilidad y cooperación estratégica entre ambas regiones.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha suscrito un acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) con el que España aportará garantías por valor de 100 millones de euros para ayudar a los municipios y reforzar la seguridad alimentaria de Ucrania.