Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que la incapacidad temporal de un trabajador dedicado a visionar contenidos extremos es considerada un accidente laboral, no una enfermedad común. La sentencia destaca que la exposición constante a imágenes traumáticas durante su jornada laboral fue la causa directa de su alteración psíquica. El tribunal desestimó los argumentos de la empresa, subrayando que el estrés laboral y las tareas asignadas al trabajador, que incluían visualizar contenido violento, llevaron a su baja médica. Esta decisión resalta la importancia de reconocer el impacto psicológico en profesiones expuestas a situaciones extremas.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La resolución indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, salvo en el caso de dos personas vinculadas a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes enfrentarán un sobreseimiento provisional. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía del País Vasco por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 3 años y 6 meses de prisión a un hombre que agredió a su compañero de trabajo con una raedera metálica, causándole lesiones graves. La sentencia incluye una indemnización de 43.431 euros a la víctima y prohíbe al agresor acercarse a menos de 500 metros del denunciante durante más de cinco años. La agresión ocurrió el 23 de mayo de 2023 tras una discusión laboral, resultando en un traumatismo craneal que requirió cirugía. A pesar de los recursos presentados por ambas partes, el tribunal ratificó la calificación como delito de lesiones agravadas.

El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. Yassin K., detenido por este crimen, había impugnado la decisión argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se basa en las acusaciones presentadas y en el hecho de que ya se ha abierto juicio oral por un delito de terrorismo. La sentencia establece que solo la Audiencia Nacional puede juzgar y decidir sobre este tipo de delitos.

El tercer trimestre de 2024 ha mostrado una disminución en el número de víctimas y denuncias por violencia de género en España, con un total de 53.147 denuncias, un 0,62% menos que el año anterior, y 48.725 víctimas, lo que representa una reducción del 6,57%. El informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género indica también un descenso en las órdenes de protección solicitadas y adoptadas. A pesar de la disminución en las denuncias, se observa un aumento en el porcentaje de sentencias condenatorias, alcanzando el 82,80%. Este análisis sugiere que los mecanismos judiciales para proteger a las víctimas están funcionando eficazmente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado la condena de cinco años de prisión a un joven de 22 años por agredir y retener a su expareja, incumpliendo una orden de alejamiento. El acusado había sido prohibido de acercarse a la víctima tras un episodio violento en el que la forzó a entrar en su vehículo, le propinó un puñetazo y la mantuvo retenida durante horas. La sentencia también incluye una indemnización de 2.000 euros a la víctima. Esta decisión resalta la gravedad de los delitos relacionados con la violencia de género y el cumplimiento de las medidas cautelares.

Un menor de edad ha sido condenado a siete años de internamiento en régimen cerrado por el asesinato de un hombre en Rociana del Condado, Huelva. La decisión fue tomada por el Juzgado de Menores número 1 de Huelva tras considerar que el joven actuó en venganza por la muerte de su padre, quien había sido asesinado por la víctima. Además del internamiento, se le impuso una indemnización a la familia del fallecido. La jueza destacó la brutalidad de la agresión y desestimó las alegaciones de capacidad mermada del menor durante el juicio.

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de €32 millones relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude de tipo "carousel" que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas de la UE, exentas de IVA. Se investiga una empresa alemana que omitió ventas en su contabilidad, mientras que los teléfonos eran vendidos sin IVA por comerciantes austriacos y holandeses. Los detenidos enviaban paquetes con €230,000 en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando el caso.