Greenpeace

Diez días después de que el Gobierno español diera luz verde a pasear o practicar ejercicio al aire libre, las ciudades siguen careciendo de espacio suficiente para caminar manteniendo la distancia de seguridad a lo largo del día.

La lucha contra la crisis sanitaria no está haciendo notar todavía sus efectos en la otra gran crisis a la que se enfrenta el mundo: el cambio climático. Greenpeace alerta de que, pese a la reducción de las emisiones de CO2 en algunos sectores como el transporte y el eléctrico a causa de las medidas tomadas para dar respuesta a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando.

El uso del vehículo privado se ha disparado en la Comunidad de Madrid desde el año 2004, especialmente en los municipios de la periferia. Así lo confirma la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018 (EDM’18), elaborada por el Consorcio Regional de Transportes y presentada en Madrid, un documento básico para conocer con detalle cómo se mueven la ciudadanía madrileña de toda la región.

Greenpeace ha visitado algunas zonas afectadas por el temporal Gloria para advertir, con el mensaje “Esto es solo el principio”, que fenómenos como el actual serán cada vez más frecuentes y virulentos, a no ser que se actúe con urgencia y contundencia para poner freno a la emergencia climática.

El impacto de la crisis climática en los océanos tiene graves implicaciones para la biodiversidad y la humanidad y requiere de una respuesta política global urgente en los próximos doce meses, advierte un nuevo informe de Greenpeace, que se publica al mismo tiempo que se celebra la COP25 (la COP azul) en Madrid.

Greenpeace España hace público un documento titulado “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: lecciones aprendidas”, donde hace un breve recorrido por la respuesta gubernamental a la crisis de 2008, conocida como Gran Recesión, la debacle económica y social provocada por la quiebra de Lehman Brothers y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España.

Cuando se cumplen cinco años del comienzo de la guerra civil Yemení, Greenpeace pide al Gobierno la paralización de todos los envíos de armamento destinado a los países de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ya que podría ser empleado para cometer graves violaciones del derecho internacional. Naciones Unidas ha hecho este mismo llamamiento.

El juzgado de instrucción número 53 de Madrid, ha in admitido una querella interpuesta por la asociación de juristas Sociedad Humana para que se investiguen los términos de la autorización del Gobierno al envío en septiembre de 2018 de 400 bombas guiadas a Arabia Saudí.

Greenpeace demanda que ninguno de los fondos -no sólo los 7.500 millones de euros del Mecanismo de Transición Justa- se usen para financiar combustibles fósiles y energía nuclear.