La ministra se ha querido pronunciar al respecto en el día que se cumplen 25 años de la rotura de la balsa minera de la multinacional sueco-canadiense Boliden, ubicada en Aznalcóllar, que dejó escapar seis millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos, y que supuso uno de los peores desastres medioambientales de la historia de España y la puesta en riesgo del Parque Nacional.
Ribera ha recordado que, en 2015, el Plan Hidrológico del Guadalquivir, “no incorporó la necesidad específica de agua”, y por ende “el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por falta de previsión y, por tanto, por el riesgo de incumplimiento del buen estado de los hábitats protegidos por la Directiva Hábitats en el espacio del Parque Nacional”.
Fruto de esta sentencia, desde el Gobierno se ha ido trabajando en diferentes materias con el objetivo primordial de preservar un “espacio emblemático” como es el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Durante su intervención, Ribera ha reiterado las medidas del Ministerio, desde la llegada al Gobierno en 2018. “Se ha trabajado en el ámbito de nuestras competencias directas en materia de agua para reconducir la situación, reforzando las inspecciones y tramitando el cierre de pozos ilegales y legales como consecuencia de la llegada de agua de superficie”, asimismo se han “activando las declaraciones de tres masas de agua subterránea, como zonas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo”. También, ha aclarado, cómo se ha “facilitado la constitución de comunidades de usuarios que permitan tomar decisiones para poder seguir cerrando pozos ilegales y seguir gestionado adecuadamente la obtención del agua y los planes de extracción correspondientes”.
Finalmente, la ministra ha hecho un llamamiento a todas las administraciones territoriales para que se impliquen “en el ejercicio responsable de sus competencias”, no solo en materia de agua, sino también en “materia de protección de ecosistemas y medio ambiente, incluida la gestión del Parque Nacional, cuya competencia le corresponde, así como las competencias de ordenación del territorio de regadío y agricultura”.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha rendido cuenta de los acuerdos aprobados hoy en materia de seguros agrarios.
El primer acuerdo autoriza el convenio entre ENESA y Agroseguro, por un importe de 317,7 millones de euros, una cifra que en 2018 era de 211,3 millones de euros en 2018, es decir “hemos incrementado en más de un 50% la dotación de un apoyo fundamental para nuestros agricultores y ganaderos ante las contingencias climáticas”. Planas ha destacado la importancia de estos seguros “aún más en esta época de sequía “porque a través de estos seguros, se están asegurando hasta 480.000 millones de euros en producción de cultivos”.
El ministro ha informado además de la distribución de 292,7 millones de euros en fondos a las Comunidades Autónomas para la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural. En total 207,9 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como de 84,8 millones de euros con cargo al Programa de Recuperación.
También ha aprovechado la comparecencia para destacar dos nuevas acciones del Gobierno ante la sequía, la falta de lluvia y las altas temperaturas a las que se enfrentan los agricultores. El ministro de Agricultura ha pedido al comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, activar la reserva de crisis y parte de los fondos de desarrollo rural (FEADER), así como aumentar al máximo el desembolso de las ayudas PAC en octubre “porque Entendemos que estamos en un momento excepcional”, señalaba. Asimismo, ha informado de un esfuerzo adicional para compensar unas circunstancias excepcionales, como la reducción por un lado del 35% del gasóleo agrícola o de un 15 % en el gasto en fertilizantes.
Además, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha informado, entre otras medidas, de la aprobación por Real Decreto, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Nancy Pelosi “una importante política estadounidense que rompió techos de cristal en Estados Unidos”. Además, ha recordado la Declaración por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y la Industria, destacando la importancia que tiene para el Gobierno como compromiso para seguir avanzando en la protección y en el fomento de esos derechos “reforzando especialmente este año, la participación de las mujeres en este ámbito”. “Seguimos avanzando en políticas de Igualdad, aunque es un ámbito con una brecha de género muy pronunciada, hemos mejorado los datos con una tasa de mujeres inventoras de un 26%”. Rodríguez ha recordado que en 2003 el número no llegaba al 15%.
Asimismo, ha anunciado la presentación por parte del Ministerio de la Presidencia del Informe Anual de Evaluación Normativa correspondiente a 2022. Un plan que forma parte de la estabilidad que el Gobierno ha imprimido en esta legislatura. Un informe del que ha destacado la aprobación de 367 normas en total, 56 más que el año anterior.
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