EPPO report revela aumento en investigaciones de fraude en la UE

2,666 investigaciones activas al cierre del año

El último Informe Anual de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento constante en sus actividades. Se prevé que este crecimiento continúe en los próximos años, impulsado por la mejora en la detección y el reporte de fraudes en la Unión Europea, así como por la operatividad de las oficinas en Polonia y Suecia. Los datos de este año subrayan el papel central que desempeña la EPPO en cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura anti-fraude de la UE.

Al finalizar 2024, la EPPO gestionaba un total de 2,666 investigaciones activas, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. El daño estimado al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, un aumento del 22.5% en comparación con 2023. Más de la mitad de esta cifra, aproximadamente 13.15 mil millones de euros, está vinculada al fraude transfronterizo del IVA, involucrando casi sistemáticamente a organizaciones criminales y representando un riesgo significativo para la seguridad interna.

Nuevas investigaciones y daños estimados

A lo largo de 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que equivale a un aumento cercano al 10% respecto al año anterior, con un daño estimado de 13.07 mil millones de euros. Este crecimiento se atribuye principalmente a una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales pertinentes, así como a su determinación para atacar a las organizaciones criminales activas en el fraude del IVA y otros fraudes relacionados con fondos europeos.

A finales de 2024, la EPPO manejaba 311 casos activos relacionados con el programa NextGenerationEU, siendo la mayoría (307) derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El daño estimado a los intereses financieros de la UE alcanza los 2.8 mil millones de euros, lo que representa el 30% del daño total estimado por fraude en subsidios. Se espera que esta cifra aumente debido a la acelerada implementación del financiamiento bajo NextGenerationEU.

Crecimiento continuo en investigaciones criminales

El aumento en las investigaciones criminales ha sido una constante desde que comenzó a operar la EPPO en junio de 2021, evidenciando que se ha subestimado durante mucho tiempo la prevalencia del crimen contra los intereses financieros de la UE.

"Hace unos años, se esperaba generalmente que la EPPO no tuviera mucho trabajo. Se diseñó pequeña para tratar lo que comúnmente se consideraba una criminalidad 'de nicho'. Después de más de tres años descubriendo un nuevo continente del crimen, es necesario adaptar la capacidad de la EPPO a esta realidad", declaró Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.

"Para nosotros en la EPPO, estas son las preguntas clave: ¿está bien equipada la EPPO? ¿Está bien equipada Europol? ¿Hay investigadores dedicados y especializados asignados para apoyar las investigaciones de la EPPO en todos los Estados miembros participantes? Actualmente, la respuesta a cada una de estas preguntas es 'no'. Si queremos mejorar nuestra 'arquitectura anti-fraude' en Europa, necesitamos respuestas afirmativas."

Aumento en reportes criminales y activos congelados

Durante 2024, la EPPO procesó 6,547 reportes criminales, lo que representa un incremento del 56% respecto al año anterior. Más del 70%% provino de partes privadas y cerca del 27%% fue reportado por autoridades nacionales. Solo el 1.7%% provino de instituciones y agencias europeas, lo cual indica una necesidad urgente por parte de estas entidades para mejorar su detección y reporte ante sospechas de fraude hacia la EPPO.

A lo largo del año, se presentaron 205 acusaciones, un aumento del 47%% comparado con 2023, continuando así con el esfuerzo por llevar ante los tribunales a más perpetradores del fraude europeo. Durante este período, se congelaron activos por valor de849 millones de euros, cifra que corresponde a activos existentes bloqueados ante posibles confiscaciones tras sentencia final.

The EPPO es el organismo independiente encargado del procesamiento público dentro de la Unión Europea. Su responsabilidad incluye investigar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros comunitarios.

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