El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado una decisión trascendental en la causa que investiga posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. En un auto emitido hoy, el instructor ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio para suspender la inmunidad del exministro y actual diputado José Luis Ábalos. Esta medida se fundamenta en la existencia de “indicios bastantes” que apuntan a la posible comisión de al menos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado considera que ha llegado un punto crítico en la investigación, donde los indicios cualificados sobre la participación de Ábalos hacen necesaria la autorización de la Cámara, tal como establece la Constitución. Este procedimiento será formalizado mediante una exposición razonada que se remitirá al Presidente de la Sala Penal del Supremo para su correspondiente tramitación.
Detalles de la Investigación
En su resolución, Puente detalla que las declaraciones realizadas por Ábalos y otros investigados, así como documentos y resultados de intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, han proporcionado suficientes elementos para considerar que el exministro podría haber influido en la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas durante la crisis sanitaria. Estos contratos estaban relacionados con la adquisición urgente de material sanitario, incluyendo mascarillas y laboratorios para detectar el virus.
El juez señala que Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, otro investigado en esta causa, habría aprovechado su relación personal con Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre para obtener información privilegiada sobre las necesidades urgentes, lo que le permitió asegurar contratos a favor de una empresa específica. Además, se menciona que García Izaguirre desempeñaba un papel activo en la gestión de estos contratos y en operaciones destinadas a ocultar los pagos recibidos.
Reacción del Exministro
A pesar de las acusaciones, José Luis Ábalos ha negado cualquier tipo de beneficio económico derivado de los contratos mencionados. Según se detalla en el auto judicial, el exministro argumentó no haber recibido compensaciones económicas por las adjudicaciones relacionadas con material sanitario o cualquier otro contrato público.
No obstante, el instructor ha indicado que existen indicios que sugieren que Ábalos pudo haberse beneficiado económicamente a través del pago de alquileres por parte de Aldama o terceros relacionados. Esto incluye un chalet en la costa y un piso en Madrid con condiciones muy por debajo del valor real del mercado.
Finalmente, el magistrado ha decidido remitir una exposición razonada al presidente de la Sala Penal para proceder con el suplicatorio ante el Congreso, siguiendo los protocolos establecidos.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha decidido el magistrado Leopoldo Puente respecto a José Luis Ábalos?
El magistrado ha acordado elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro y diputado José Luis Ábalos, debido a indicios de posible comisión de varios delitos.
¿Cuáles son los delitos que se le imputan a José Luis Ábalos?
Se le imputan al menos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
¿En qué contexto se están investigando estas irregularidades?
Las irregularidades están relacionadas con contratos de emergencia otorgados durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario.
¿Qué elementos han llevado a esta decisión judicial?
La decisión se basa en declaraciones de otros investigados, documentos aportados, intervenciones telefónicas y registros domiciliarios que sugieren la posible participación de Ábalos en actos ilícitos relacionados con la adjudicación de contratos públicos.
¿Cómo ha respondido José Luis Ábalos ante las acusaciones?
José Luis Ábalos ha negado haber recibido alguna cantidad económica por la adjudicación de contratos relacionados con la pandemia, aunque existen indicios que contradicen su declaración.
¿Cuál es el siguiente paso tras el acuerdo del magistrado?
El instructor enviará una exposición razonada al presidente de la Sala Penal para que, después del refrendo correspondiente, se curse el suplicatorio al Congreso.
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