El Tribunal Supremo, a través del magistrado Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La comparecencia se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también las diligencias solicitadas por la defensa, que incluían la citación de testigos y documentos adicionales. Se argumenta que estas diligencias no son necesarias y podrían dilatar el proceso. Esta decisión subraya la importancia de avanzar en el caso sin demoras innecesarias.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha desestimado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado. La comparecencia se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. En su resolución, el juez instructor también ha rechazado las diligencias que el fiscal había propuesto realizar antes de su testimonio.
Asimismo, se ha desestimado la petición de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, quien solicitó el aplazamiento de la declaración fijada para este jueves. Entre las diligencias que no serán llevadas a cabo se encuentra la citación del querellante en la causa, Alberto G.A., así como la declaración de varios periodistas y la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La única diligencia aceptada por el instructor es la incorporación a la causa de ciertos documentos solicitados por las defensas. Estos incluyen instrucciones y guías del Ministerio Fiscal, junto con dos artículos publicados recientemente en el diario El País.
En relación con la declaración de Alberto G.A., el juez ha expresado su sorpresa ante el interés manifestado por la defensa, señalando que generalmente el testimonio del acusador tiende a ser más perjudicial que beneficioso para el acusado. Además, ha indicado que ya se puede formarse una idea sobre la posición del querellante a partir de su propia querella y las acciones previas realizadas por su equipo legal.
Respecto a la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, el auto menciona que esta solicitud se fundamenta en testimonios que contradicen las afirmaciones del mencionado funcionario acerca del momento en que facilitó información a los medios. Se argumenta que varios testigos han declarado que Rodríguez ya había compartido información relevante mucho antes de lo indicado por él mismo.
El instructor aclara que uno de los correos en cuestión fue enviado por el abogado de Alberto G.A. al fiscal Julián Salto y contiene un reconocimiento explícito sobre delitos cometidos contra la Hacienda Pública. Este correo fue divulgado después por un medio de comunicación, lo cual ha generado controversia entre los testimonios presentados.
A pesar de las solicitudes adicionales presentadas por las partes involucradas, el juez concluye que no considera necesarias dichas diligencias. Resalta que no queda claro cómo podría influir un correo específico en el caso actual si este se divulga sin autorización y tras una filtración subrepticia. La relevancia penal radica en mantener la confidencialidad del contenido original y no en los rumores o interpretaciones posteriores.
Con estas decisiones, el proceso judicial avanza sin interrupciones significativas y se mantiene firme en sus plazos establecidos.
El magistrado del Tribunal Supremo que ha desestimado la petición es Ángel Luis Hurtado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó posponer su declaración como investigado en el caso.
La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas.
El juez rechazó citar a declarar al querellante Alberto G.A., a varios periodistas y la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se aceptó la incorporación a la causa de varios documentos solicitados por las defensas, incluyendo instrucciones y guías de actuaciones del Ministerio Fiscal, así como dos noticias publicadas en el diario “El País”.
El juez argumenta que el testimonio del querellante podría ser más perjudicial que beneficioso para el acusado y que ya se puede formar una idea sobre su posición a partir de su propia querella y actividades previas.
Hay controversia sobre cuándo se difundió un correo clave y si esto pudo haber influido en las publicaciones periodísticas relacionadas con el caso.