La Ley de Vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2022 y publicada en el BOE en mayo de 2023, busca garantizar el derecho a la vivienda en España. Esta legislación incluye medidas para aumentar la oferta de viviendas asequibles, regular los precios del alquiler y proteger a colectivos vulnerables. Se establece un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler para aportar transparencia al mercado y se introducen límites a los incrementos anuales del alquiler. Además, se definen conceptos como "gran propietario" y "vivienda vacía", permitiendo a los ayuntamientos aplicar recargos impositivos. La ley también contempla mejoras en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, así como protección contra desahucios.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha marcado un hito en la política española tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022. Posteriormente, el Congreso dio su visto bueno el 27 de abril de 2023, y finalmente, el Senado lo ratificó el 17 de mayo. La ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de mayo como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Esta normativa se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye diversas iniciativas para la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana.
La ley tiene como objetivo principal aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y prevenir situaciones de tensión en el mercado del alquiler. Además, busca apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a una vivienda digna.
Para lograrlo, se otorgan a las comunidades autónomas y municipios herramientas que les permitirán contener o reducir los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda en alquiler social.
Uno de los ejes centrales de esta legislación es limitar el aumento desmedido en los precios del alquiler. Para ello, se creará un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, que proporcionará información sobre los costos en cada área residencial, promoviendo así la transparencia y competitividad en este sector.
Además, se implementarán medidas específicas para controlar los precios:
En las áreas declaradas como tensionadas:
La Ley de Vivienda regula el acceso a la vivienda, medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, y apoya a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
Se crea un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler que proporciona información sobre los costes en cada zona. También se establecen beneficios fiscales para arrendadores que ofrezcan alquileres asequibles y límites en los incrementos anuales de alquiler.
La ley incluye mejoras para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales, soluciones habitacionales para afectados, y ampliación de plazos de suspensión de lanzamientos en casos de vulnerabilidad.
Se considera "gran tenedor" a aquellos que poseen más de 10 inmuebles o 5 o más inmuebles residenciales en zonas declaradas como tensionadas.
Los ayuntamientos pueden aplicar un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas vacías durante más de 2 años, si el propietario tiene al menos 4 viviendas en esta situación.