El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas comerciales engañosas. Esta acción se centra en empresas que gestionan múltiples viviendas turísticas y que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar irregularidades en la publicidad y gestión de estos alojamientos, especialmente aquellos que operan sin licencia o bajo condiciones engañosas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una nueva línea de investigación enfocada en las empresas que gestionan pisos turísticos en diversas Comunidades Autónomas. Esta acción busca identificar posibles prácticas comerciales desleales que podrían estar afectando a los consumidores.
La investigación, liderada por la Dirección General de Consumo, se centra en aquellas empresas que administran un gran número de viviendas turísticas y que podrían estar incurriendo en infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Entre las irregularidades se incluyen prácticas engañosas definidas por la Ley de Competencia Desleal, que prohíbe cualquier conducta que contenga información falsa o que induzca a error a los consumidores.
El Artículo 5 de esta ley establece que cualquier acción destinada a engañar al consumidor puede ser considerada como una infracción. Además, el Artículo 27 detalla ejemplos específicos de prácticas engañosas, tales como presentar información fraudulenta sobre la actividad empresarial o actuar como un consumidor sin serlo realmente.
Esta nueva investigación se suma a los esfuerzos previos del ministerio, que ya había abierto un expediente en junio para analizar los anuncios publicados por plataformas de alojamiento sin licencia turística. Las acciones actuales están dirigidas hacia aquellos pisos turísticos que, aunque cuenten con licencia, podrían estar siendo gestionados de manera irregular por empresas intermediarias.
Aparte de este enfoque sobre los pisos turísticos, el ministerio también ha comenzado a investigar a varias agencias inmobiliarias. Se sospecha que estas han llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos, tales como exigir comisiones por la gestión del arrendamiento o imponer cláusulas irregulares en contratos temporales sin justificación adecuada.
Estas iniciativas son parte del compromiso del ministro Pablo Bustinduy para abordar la crisis de vivienda en España. Bustinduy ha señalado en repetidas ocasiones que este es uno de los problemas más acuciantes del país. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha declarado el ministro, instando a todas las administraciones públicas a tomar medidas decisivas para combatir la especulación y proteger a los ciudadanos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una nueva línea de investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales.
Se investiga si estas empresas están llevando a cabo prácticas engañosas según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, así como irregularidades en la gestión de pisos turísticos con licencia.
La Ley de Competencia Desleal considera práctica engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que induzca a error a los destinatarios, alterando su comportamiento económico.
Además de la investigación sobre pisos turísticos, se está investigando a diversas agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos, como cobrar comisiones injustificadas o imponer cláusulas irregulares en contratos de arrendamiento.
El objetivo es abordar la crisis de vivienda en España y frenar la especulación en el sector, protegiendo a las familias que enfrentan dificultades debido al alto costo de la vivienda.