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ministerio de derechos sociales

04/02/2025@18:46:29

Un informe de la AESAN revela que el 33,5% de los menús escolares en España no son supervisados por nutricionistas acreditados. Además, más del 70% de los comedores escolares incumple las recomendaciones sobre aceites para freír, y un 21,53% no sigue las frecuencias mínimas de alimentos saludables. El estudio destaca que casi el 30% de los centros ofrecen frituras en exceso y que ha disminuido la oferta de agua como única bebida durante las comidas. Estas cifras impulsan al Ministerio de Derechos Sociales a tramitar un Real Decreto para establecer pautas más estrictas en los comedores escolares.

En su primer año de funcionamiento, las tarjetas monedero han beneficiado a más de 70.000 familias vulnerables en España, según datos de Cruz Roja. Este programa, que permite a los hogares adquirir alimentos y productos de primera necesidad en supermercados, fue implementado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Las tarjetas se entregan a familias con niños en situación de privación material severa, promoviendo una asistencia más inclusiva. En 2024, se asignaron tarjetas a 70.316 familias, superando el objetivo inicial de 70.000. A partir de 2025, las Comunidades Autónomas gestionarán este programa de manera autónoma. Las familias podrán seguir utilizando las tarjetas hasta marzo de 2025.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras no cumplir con requerimientos legales sobre la publicidad de sus anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para combatir irregularidades en el sector inmobiliario y mejorar la crisis de vivienda en España.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas comerciales engañosas. Esta acción se centra en empresas que gestionan múltiples viviendas turísticas y que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar irregularidades en la publicidad y gestión de estos alojamientos, especialmente aquellos que operan sin licencia o bajo condiciones engañosas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.
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El Real Decreto de comedores escolares, presentado por el ministro Bustinduy, busca garantizar el consumo diario de frutas y verduras en las escuelas y prohibir las bebidas azucaradas durante las comidas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos para combatir la obesidad infantil, especialmente en familias de bajos ingresos, que enfrentan mayores problemas de salud relacionados con la alimentación. Según el estudio ALADINO, solo un tercio de las familias considera que la comida escolar es de calidad. El decreto también promoverá estándares alimentarios establecidos por la OMS y priorizará el uso de productos locales y sostenibles. La iniciativa tiene como objetivo asegurar una dieta equilibrada para todos los niños y niñas en España.

La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. La investigación, que comenzó en junio, reveló que la plataforma mantenía anuncios sin el número de licencia requerido, lo que podría constituir infracciones graves bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. Esta acción se enmarca en un esfuerzo mayor del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para abordar irregularidades en el sector de la vivienda y proteger los derechos de los consumidores en España.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) para informarles de su investigación para perseguir los anuncios de viviendas turísticas que operan sin licencia.

El anuncio se ha hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha abordado también la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero.