Justicia

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, argumentando que la versión de la mujer presenta "profundas contradicciones" y carece de consistencia. La denuncia, relacionada con un incidente ocurrido en septiembre de 2020, fue desestimada tras un análisis detallado que reveló cambios en el relato de la denunciante y falta de corroboración. El tribunal subrayó que para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado se requiere una prueba contundente, lo cual no se logró en este caso. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En 2024, la media diaria de denuncias por violencia de género en España fue de 544, lo que representa una ligera disminución del 0,09% en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 199.094 denuncias y 183.908 mujeres víctimas, lo que indica un descenso del 4,96%. Las órdenes de protección acordadas también cayeron un 6,5%, aunque las sentencias condenatorias aumentaron un 3,32%, alcanzando el 80,55% del total. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, siendo Baleares la comunidad con mayor incidencia. Este informe destaca la necesidad de continuar trabajando en la prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Esta medida permitirá que una magistrada asuma el funcionamiento ordinario del juzgado, mientras su titular se encargará exclusivamente de las Diligencias Previas 692/2024 relacionadas con la gestión de la dana del 29 de octubre. La decisión responde a una carga de trabajo elevada en los últimos años, con un incremento del 177% en 2022 y del 129% en 2023. La medida estará vigente hasta el 30 de junio y podría renovarse si es necesario.

El Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, ha expresado su preocupación por la creciente violencia en Siria. Ha solicitado investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre los homicidios y otras violaciones de derechos humanos, instando a que los responsables de estas atrocidades sean llevados ante la justicia. Esta alerta se produce en un contexto de intensificación de las matanzas en el país. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La decisión incluye la solicitud de una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas. Este caso será juzgado en un tribunal penal, mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso relacionado con las diligencias previas. La apertura del juicio se basa en indicios suficientes que sugieren la posible responsabilidad penal del acusado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas de investigación urgentes en relación con un posible abuso de posición y autoridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Esta investigación se centra en el uso ilegal de fondos del Fondo de Seguridad Interna y del presupuesto estatal croata. Tras interrogar a los sospechosos, el EPPO decidirá sobre los siguientes pasos. Se recuerda que todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

El Gobierno español ha anunciado un incremento del 8% en la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio, según una orden ministerial firmada por el ministro Félix Bolaños. Esta medida busca actualizar las compensaciones de este colectivo y mejorar la calidad del servicio público de justicia para las personas con menos recursos. La decisión forma parte de un esfuerzo por fortalecer el acceso a la justicia en España. Para más detalles, visita el enlace oficial.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revocado la expulsión de un transportista montenegrino condenado a 1 año y 6 meses de prisión por intento de agresión sexual. La decisión se basa en que su expulsión, decretada previamente, le impediría continuar con su trabajo como conductor internacional, afectando su vida familiar y laboral. Los hechos ocurrieron en un bar en Berriozar, donde el acusado intentó agredir sexualmente a una mujer en estado de semiinconsciencia. A pesar de la condena, el tribunal consideró desproporcionada la expulsión y ha suspendido su ingreso en prisión al cumplir con los requisitos legales.

Dos sospechosos fueron arrestados en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de IVA relacionado con servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), con un daño estimado de 64 millones de euros. La operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que ocho empresas italianas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir el pago del IVA entre 2017 y 2021. Las autoridades congelaron activos por el monto total del fraude y realizaron incautaciones adicionales. Esta investigación destaca la lucha contra delitos financieros en la Unión Europea.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar la Justicia para gestionar los procesos derivados de la DANA. La consellera Nuria Martínez y el ministro Félix Bolaños se han comprometido a trabajar juntos para evitar la sobrecarga en la Administración de Justicia. Se valorará la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para nombrar un juez de refuerzo en Catarroja, y se buscará agilizar refuerzos en otros juzgados de Valencia. Además, se discutirá la implementación de la Ley de Eficiencia que transformará 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia en una próxima reunión con comunidades autónomas.

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la justicia italiana en un caso de malos tratos a un menor por parte de su padre. La decisión fue tomada por el Juzgado de Instrucción número 9, que considera que los hechos ocurrieron en Cagliari, Italia, donde reside el menor con su progenitor. A pesar de esta inhibición, se mantiene la suspensión provisional del regreso del niño a Italia. La medida cuenta con el apoyo del ministerio fiscal y ha sido recurrida por la parte demandante. El juzgado granadino había asumido inicialmente el caso tras una denuncia presentada por la madre y el hermano del menor. Se espera que la Audiencia Provincial resuelva sobre la apelación antes de enviar el expediente judicial a Italia.