La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se espera esté lista antes de finalizar el año. Durante una reunión con la Plataforma del Tercer Sector y asociaciones de consumidores, Aagesen destacó la necesidad de implementar medidas estructurales en lugar de soluciones temporales, tras los altos precios energéticos de los últimos años. La estrategia buscará mejorar la equidad energética y garantizar que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él. Además, se propone incluir la pobreza energética como variable en programas de ayudas y utilizar financiación del Plan Social para el Clima para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por asegurar una transición energética centrada en el bienestar del ciudadano.
La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. La investigación, que comenzó en junio, reveló que la plataforma mantenía anuncios sin el número de licencia requerido, lo que podría constituir infracciones graves bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. Esta acción se enmarca en un esfuerzo mayor del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para abordar irregularidades en el sector de la vivienda y proteger los derechos de los consumidores en España.
El secretario de Estado, Javier Padilla, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, han presentado este martes los resultados de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024), en la que se documentan las sustancias con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses en nuestro país.
Greenpeace investiga la ropa de segunda mano: cada prenda analizada recorre una media de 9.000 km y buena parte termina desechada en África o Asia. La Unión Europea estima que España sólo recoge selectivamente un 4 % de la ropa desechada. A partir de 2025 la responsabilidad de las empresas textiles sobre la gestión de los residuos será obligatoria.
Los adultos europeos consumen una media de 9,2 litros de alcohol puro al año, lo que los convierte en los mayores bebedores del mundo, según datos de la agencia sanitaria mundial, que llama a los países a implementar políticas eficaces para reducir el consumo de bebidas etílicas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.
El Ministerio de Consumo ha incoado los primeros expedientes sancionadores a varias aerolíneas lowcost por el cobro de sobrecostes por el equipaje de mano transportado en cabina.
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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras no cumplir con requerimientos legales sobre la publicidad de sus anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para combatir irregularidades en el sector inmobiliario y mejorar la crisis de vivienda en España.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas comerciales engañosas. Esta acción se centra en empresas que gestionan múltiples viviendas turísticas y que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar irregularidades en la publicidad y gestión de estos alojamientos, especialmente aquellos que operan sin licencia o bajo condiciones engañosas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.
Un estudio constató irregularidades como elevar el precio de un producto días antes de las rebajas, usar cupones y códigos para simular descuentos falsos o incitar a la compra impulsiva con ofertas supuestamente limitadas.
Sanciones en España a aerolíneas low cost por prácticas abusivas
Las sanciones reflejan un esfuerzo por proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas injustas en el sector aéreo
El Ministerio de Consumo ha impuesto sanciones por un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas low cost, incluyendo Ryanair, Vueling y Easyjet, por prácticas abusivas como el cobro de suplementos por equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para personas dependientes. Estas sanciones son consideradas infracciones "muy graves" según la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La resolución pone fin a una investigación iniciada en 2023 y prohíbe expresamente las prácticas sancionadas. Las aerolíneas tienen un plazo de dos meses para presentar recursos ante la justicia.
Consumo mantiene abiertos otros seis expedientes sancionadores por esta misma práctica con una propuesta de sanción superior al medio millón de euros.
El Ministerio de Consumo ha incoado los primeros expedientes sancionadores a varias aerolíneas por la inexistencia de un teléfono de atención gratuita o, en caso de existir, por la dificultad de acceso. Esto supone un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de servicios de atención al cliente.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reunido con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y estudiará sus propuestas sobre el etiquetado de la carne al considerar que los consumidores "tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo".
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