Luxemburgo, 14 de febrero de 2025 – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i, Rumanía, ha presentado cargos contra cuatro individuos y dos empresas por fraude agravado en subvenciones y falsificación de documentos privados. Esta acción se enmarca dentro de una investigación sobre un fraude que asciende a €1.73 millones, relacionado con proyectos de sistemas de riego completamente financiados por la Unión Europea.
Según informes anteriores, la investigación se centró en una cooperativa agrícola que había obtenido financiación para modernizar sus sistemas de riego. El monto total del proyecto era de €1.73 millones (equivalente a RON 8.6 millones). Sin embargo, las indagaciones revelaron que el procedimiento de contratación pública para seleccionar la empresa encargada de ejecutar los proyectos fue manipulado para favorecer a una compañía ya determinada, propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa.
Conflicto de interés y falsificación
El análisis llevado a cabo durante la investigación puso al descubierto un claro conflicto de interés en la financiación de los dos proyectos. El gerente real de la cooperativa que recibió los fondos estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Además, un miembro que presidía el comité de evaluación del concurso también trabajaba como contador para la compañía que presentó la oferta.
Con el fin de engañar a la Agencia Rumana para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR), los representantes legales tanto de la cooperativa como de la empresa seleccionada presentaron documentos falsos donde afirmaban no existir conflicto alguno. Asimismo, lograron obtener reembolsos por gastos contratados al presentar órdenes de pago fraudulentas, alegando haber cumplido con los pagos a los contratistas.
Consecuencias legales y recuperación económica
Para recuperar el daño causado al presupuesto comunitario y cubrir posibles gastos judiciales, la EPPO ha confiscado seis parcelas de terreno valoradas en aproximadamente €500,000 y ha congelado cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
Bajo el Código Penal rumano, el fraude agravado en subvenciones puede acarrear penas de hasta 10 años y medio de prisión, mientras que la falsificación de documentos privados podría resultar en condenas de hasta tres años. Las dos empresas implicadas podrían enfrentar multas que ascenderían a aproximadamente €420,000 (RON 2.1 millones), además de sanciones complementarias.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es una entidad independiente responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del fraude |
€1.73 millones |
| Monto en RON |
8.6 millones RON |
| Valor de los terrenos incautados |
aproximadamente €500,000 |
| Multa máxima para las empresas si son condenadas |
aproximadamente €420,000 (RON 2.1 millones) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cargos se han presentado en contra de los acusados en Rumanía?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos por fraude agravado de subsidios y falsificación de documentos privados contra cuatro individuos y dos empresas.
¿Cuál es el monto total involucrado en el fraude?
El fraude involucra un total de €1.73 millones, que fueron destinados a proyectos para modernizar sistemas de irrigación completamente financiados por la UE.
¿Cómo se manipuló el proceso de selección de la empresa contratista?
Se manipuló el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa pre-determinada, que era propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa agrícola que recibió los fondos.
¿Qué medidas ha tomado la EPPO para recuperar el daño al presupuesto de la UE?
La EPPO ha embargado seis parcelas de tierra valoradas en aproximadamente €500,000 y ha congelado las cuentas bancarias de los sospechosos.
¿Cuáles son las posibles penas para los acusados si son condenados?
Bajo el Código Penal rumano, el fraude agravado de subsidios puede ser castigado con hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación de documentos privados puede resultar en hasta tres años de prisión. Las empresas también podrían enfrentar multas significativas.
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