La Dirección General de Consumo, bajo el ministerio que lidera Pablo Bustinduy, ha tomado la decisión de abrir un expediente sancionador contra una conocida plataforma de alquiler de pisos turísticos. Esta acción se produce tras la advertencia a la empresa sobre la necesidad urgente de eliminar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita relacionada con propiedades turísticas.
El proceso se inició en junio, cuando la Dirección General requirió información a varias plataformas dedicadas al alquiler turístico para esclarecer los detalles sobre las viviendas publicitadas. Este requerimiento fue seguido por una solicitud formal para que una de las plataformas retirara “de forma inminente” anuncios que no cumplían con la normativa vigente, específicamente aquellos que carecían del número de licencia correspondiente.
Posibles infracciones y consecuencias legales
A pesar de los avisos previos, meses después se constató que los anuncios problemáticos continuaban activos, lo que llevó a la apertura del expediente sancionador. Según la legislación aplicable, estas prácticas pueden ser consideradas infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros, cifra que podría multiplicarse entre cuatro y seis veces si se determina un beneficio ilícito significativo.
Desde la Dirección General subrayan que el inicio del expediente no implica un juicio previo sobre su resolución final. Los anuncios en cuestión están siendo comercializados en diversas comunidades autónomas, lo cual podría acarrear “lesiones o riesgos” para los consumidores y usuarios en general. Además, se señala que estas acciones podrían estar infringiendo el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios debido a prácticas comerciales desleales.
Investigaciones adicionales en el sector inmobiliario
Este movimiento por parte del ministerio dirigido por Bustinduy pone nuevamente el foco sobre posibles irregularidades dentro del sector inmobiliario, especialmente en lo que respecta a alojamientos turísticos. La semana pasada, se anunció también una investigación dirigida a grandes gestoras del sector por posibles prácticas engañosas en sus operaciones.
Aparte de esto, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está llevando a cabo otra indagación contra agencias inmobiliarias acusadas de imponer condiciones abusivas a inquilinos, tales como comisiones ilegítimas o cláusulas contractuales desfavorables.
Un compromiso con la crisis habitacional
Todas estas iniciativas forman parte del compromiso del ministro Pablo Bustinduy por abordar la crisis de vivienda en España, un asunto que ha sido catalogado como uno de los principales problemas sociales del país. Bustinduy ha afirmado: “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Asimismo, ha enfatizado que “ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha hecho la Dirección General de Consumo con respecto a la plataforma de alquiler de pisos turísticos?
La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras advertirle que debía retirar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita sobre estos alojamientos.
¿Cuándo comenzó la investigación sobre los anuncios de pisos turísticos?
La investigación comenzó en junio, cuando se envió un requerimiento de información a diversas plataformas para obtener datos sobre las viviendas anunciadas.
¿Qué tipo de infracciones se están investigando?
Se investiga si los anuncios están incurriendo en prácticas comerciales desleales, específicamente por no ofrecer el número de licencia cuando es obligatorio, lo que podría considerarse una infracción grave según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para la plataforma sancionada?
Las prácticas mencionadas pueden calificarse como infracciones graves con multas que pueden alcanzar hasta 100.000€, o incluso más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido.
¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en este contexto?
El objetivo es contribuir a atajar la crisis de vivienda en España y asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley, protegiendo así los derechos de los consumidores y usuarios.
Si (
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